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Rainer Forst

Justificación y crítica

Perspectivas de una teoría crítica de la política


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Introducción. Acerca de la idea de una crítica de las relaciones de justificación

Una filosofía política reflexiva

Desde La República de Platón la filosofía política ha planteado la pregunta acerca de los principios del ejercicio legítimo o justo del dominio político. Sin embargo, sigue existiendo una controversia metódica acerca de cómo responderla. ¿Se debe descubrir o inventar una "teoría ideal" por medio de una construcción puramente racional, para luego preguntar cómo se pueden "implementar" en la práctica los principios morales abstractos que emanan de ella? ¿O se debería, en cambio, comenzar por la realidad de los contextos políticos concretos prescindiendo de ensueños normativos para ceñirse a lo que es posible y aceptable aquí y ahora en vista de profundos conflictos de interés? A esta disputa se asocian muchas preguntas filosóficas: las referidas a la posibilidad de los principios universalistas, a la fuerza de la razón, a la historicidad de las normas, a la relación entre moral y política y, finalmente, a la función crítica de la filosofía política. Sin embargo, esta controversia queda a menudo atrapada en oposiciones insípidas e improductivas, y el repertorio de críticas de una parte hacia la otra se va desgastando con el tiempo.
El enfoque que presento aquí intenta evitar estos callejones sin salida. Para ello, comienzo por la pregunta central de la justificación del dominio político y le doy un giro reflexivo: ¿Quién es el que hace esta pregunta y quién tiene la autoridad para contestarla? Es hora de recordar el punto político de la filosofía política y de comprender la cuestión de la fundamentación filosófica como una cuestión práctica, o de radicalizar la idea de la justificación, contextualizándola al mismo tiempo, puesto que la cuestión de la justificación no se plantea de manera abstracta sino concreta: por actores históricos que dejan de estar satisfechos con las justificaciones del orden normativo al que están sometidos. La cuestión de la filosofía política es su cuestión, y desde la perspectiva de aquellos que la plantean, la justificación que importa es una que puede aceptar cada uno como individuo y en conjunto, como seres libres e iguales, y la misma aceptación o rechazo están también sujetos a ciertas normas. En mi opinión, lo que importa es reconstruir las normas y los principios contenidos en esta demanda práctica y reclamo de justificación, puesto que la dinámica de la justificación a la que nos referimos aquí está situada concreta e históricamente pero a la vez presenta una estructura general que hay que aclarar filosóficamente, en primer lugar, respecto del mismo principio de la justificación que actúa aquí. Su origen es el conflicto social que se origina como resultado de un "no" político.
La filosofía política comienza con la pregunta acerca de la justificación, pero una filosofía política crítica y reflexiva la dirige hacía sí misma: ¿Qué quiere decir plantear y contestar la pregunta acerca de justificación, qué es lo que se requiere para tal fin y qué condiciones hay implícitas en la tesis de que una justificación tal tiene que ser "razonable", "aceptable" o "justa"? Desde mi punto de vista, las respuestas a estas preguntas emergen si se entiende lo político como una práctica determinada de justificación: como la práctica de justificación en la que personas que están sometidas a determinadas normas o instituciones -dicho brevemente: a un "orden normativo" como orden de normas de validez concreta que al mismo tiempo reclaman validez-, verifican los fundamentos de la validez de este orden, los rechazan tal vez y lo determinan nuevamente, modificando al mismo tiempo este orden. Los hombres -esta es la tesis filosófico-social que defiendo aquí- son siempre participantes de una multiplicidad de prácticas de justificación; todo lo que pensamos y hacemos tiene lugar en determinados espacios (sociales) de razones, y aquello que llamamos razón es el arte de orientarse en ellas y entre ellas. En el espacio político, que no está separado a priori de otros ámbitos sociales y en el que está en juego el ejercicio del dominio dentro de colectivos, la pregunta acerca de la justificación se plantea siempre de manera tal que debe contestarse quién puede ejercer dominio -si es que puede- sobre quién y de qué manera. Este dominio solo puede ser legítimo si está justificado, lo que implica que se debe institucionalizar una determinada práctica de justificación, y esta es la primera práctica de la justicia social y política, puesto que la justicia es, como dice Rawls, la primera virtud de la estructura básica de la sociedad, pero no es que los miembros de esta estructura se encuentren con principios ya existentes y que ellos tienen que "aplicar" sino que primero deben dar origen a estos principios. Esto, no obstante, presupone un concepto de justicia fundamental como justicia discursiva, como demostraré a continuación. Representa el fundamento al mismo tiempo sustancial y procedimental de una sociedad justa sin caracterizar de antemano sus instituciones.
Por consiguiente, todo radica en determinar adecuadamente la práctica política de la justificación, y en ceñirse al principio de la autonomía que dice que los sometidos mismos son los que deben ser los sujetos y no solo los objetos de la justificación. Innumerables conflictos históricos trajeron este principio al mundo político como demanda central, y al hacerlo contestaron la pregunta acerca de la razón práctica poniendo como principio de fundamentación racional la exigencia recursiva de que solo las normas que pueden satisfacer la pretensión de validez general y mutua están en condiciones de reclamar la pretensión de validez general y mutua. Este es el principio de la razón práctica en el mundo político, y es un principio tanto histórico como "a priori", puesto que se basa en el principio general de la justificación, que indica que las normas siempre han de ser fundamentadas según su pretensión de validez. Se debe entender que esto es a su vez un imperativo práctico, ya que ser razonable quiere decir no solo saber qué y cómo se ha de justificar sino también que se requiere justificación cuando se trata del dominio sobre otros. Estos otros tienen a su vez un irreductible derecho a la justificación cuando está en juego a quién deben seguir y qué deben aceptar; y también tienen un deber de justificación cuando se trata de sus demandas.
La demanda fundamental que puede hacer una persona en el mundo político -pero, en los contextos adecuados, también en la moral como tal- es la de ser ella misma una autoridad justificatoria, y en igualdad de condiciones respecto de los demás, en lo que se refiere a aquello que ha de valer para ella. La persona, como ser autónomo, es irremplazable del mismo modo que es una persona entre muchas: aquí no hay contradicción. Por lo tanto, en la filosofía política importa seguir de manera consecuente la perspectiva de los participantes en las prácticas de justificación. De esta manera se vuelve a manifestar lo superfluo que es la oposición, a menudo debatida, entre la perspectiva "inmanente" y la "trascendente". Si se considera a las personas como seres sociales y al mismo tiempo autónomos, que pueden y deberían poder determinar activamente las estructuras normativas que valen para ellas, entonces este estándar es tan inmanente a la praxis como que la trasciende: nadie es absorbido totalmente por la práctica de justificación en la que participa, ya que siempre existe la posibilidad de cuestionarla y de criticarla reflexivamente. Si esta posibilidad es real es algo que debe poder analizar una crítica de las relaciones de justificación.
Si se considera a las personas como seres de justificación, se las ve, a diferencia de muchas teorías políticas, como seres activos, no como pasivos o seres a quienes hay que tratar, necesitados o sufrientes. Lo son también, pero su demanda esencial en cuanto a la justicia no es obtener los bienes para una vida "humana" o "buena"; su demanda consiste en ser reconocidos como sujetos de la justificación cuando se trata de determinar políticamente una estructura básica para la producción y la distribución de bienes, dentro de una sociedad y más allá de esta. Aun cuando les falten a las personas las capacidades para hacerlo, corresponde respetarlas como seres autónomos que nunca son solo objeto sino que son sujeto de la justificación.
Con demasiada frecuencia la filosofía política sigue viviendo en una edad predemocrática. Les asigna prioridad a valores teleológicos que han de servir de base a un orden justo o bueno sin que en este orden aparezcan quienes están sometidos a este orden como autores del mismo. Exhorta a veces a volver a la práctica, pero no ve a los implicados primeramente como los sujetos que determinan esta práctica sino que reconstruye lógicas propias o "puntos" de tales prácticas, como si estas tuvieran una validez propia. Recurre a figuras de justificación que inventan consensos "superpuestos" o de otro tipo de reconciliación, en los que casi nadie participaba. En cambio, tal vez ensalce la "realidad" y demande un análisis de las relaciones de poder, pero al mismo tiempo cree con demasiada frecuencia que el tomarse en serio las relaciones de dominio, las motivaciones y los conflictos reales excluye a los principios de construcción moral, y así pasa por alto la realidad normativa de la demanda de justificaciones que son al menos mejores que las dadas, de manera que la dinámica de la justificación ingresa en la realidad política frente a la cual la teoría no puede tener una postura neutral si quiere ser crítica. Las justificaciones, sean buenas o ideológicas, son la materia de lo político, y el derecho a cuestionarlas es el primer derecho político.
El enfoque que elijo, por consiguiente, no parte ni de la construcción abstracta de un ideal ni de una concepción supuestamente realista empiricista de la política como lugar de encuentro de intereses normativos, que excluye principios de mayor jerarquía y que ha llevado al decisionismo. Entiende la cuestión fundamental acerca del dominio legítimo como cuestión del dominio justo -esto quiere decir: dominio justificado, que excluye la arbitrariedad y no es dominante- y reconstruye recursivamente las normas, algunas de naturaleza procedimental, otras, de naturaleza sustantiva, que posibilitaron tal justificación. Aquí la justicia no es solo lo que vale como justo en una sociedad sino lo que debería valer como recíproco y general si los sometidos a las normas fueran autores de las mismas, libres e iguales. Que se conviertan en esto es la primera exigencia de la justicia. La filosofía política se cierra el camino hacia esta comprensión si no considera consecuentemente a la lógica de la justificación como una lógica no solo filosófica, sino reflexivamente práctica. Toda filosofía política plantea la cuestión del dominio legítimo, pero solo pocas le dan un giro reflexivo y convierten el principio de justificación mismo, como principio de práctica discursiva, en fundamento teórico.

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